Una vez aprobada la Ley Orgánica de Educación el gobierno socialista ha impuesto su Educación para la ciudadanía como asignatura obligatoria, que tiene ya notables dificultades y varias sentencias en contra en tribunales autonómicos.
En efecto, esa materia nace con un pecado original por falta de consenso entre el Ministerio de educación, los padres y la comunidad educativa, pero además suscita serios reparos por constituirse el Estado en educador de la conciencia moral de los jóvenes invadiendo competencias y derechos de los padres. Y se añade un problema importante al conocer los contenidos de esa materia que lleva instaurar un código ético alternativo, por ejemplo, sobre la afectividad-sexualidad y la naturaleza del matrimonio, y crear una nueva conciencia social relativista sin referencia a valores morales objetivos.
A favor de la educación cívica
Quiere educar a los jóvenes en los valores de la participación de la solidaridad y de la tolerancia, evitando actitudes racistas, xenófobas, discriminatorias o nacionalistas que impiden la estabilidad y el crecimiento democrático. Pero en ningún momento esta normativa europea intenta educar la conciencia moral de los jóvenes ni tomar postura sobre los fundamentos prejurídicos de la legislación, y menos se inmiscuye en el complejo mundo de la sexualidad, de los afectos o de la naturaleza del matrimonio, porque consideran que le educación de la conciencia moral no compete al Estado sino a la familia y a la sociedad.
Quienes rechazan esa materia obligatoria y determinadas orientaciones de la LOE no están contra la educación cívica y están a favor de un sistema educativo basado en los valores humanos, cívicos y democráticos; en cambio, sí rechazan el laicismo antirreligioso, el relativismo ético, y el reduccionismo de la ideología de género. Y con más razón si todo eso viene impuesto en una asignatura obligatoria mientras se restan horas y ponen trabas a una asignatura de religión que educa en los valores trascendentes de la persona, el mejor estímulo para el trabajo solidario y la mejor vacuna frente a la violencia.
Porque los jóvenes necesitan ser educados en el esfuerzo, en el valor del trabajo bien hecho y en el respeto a la autoridad, para que no vayan por ahí destrozando el mobiliario urbano, llenando las ciudades de graffiti narcisistas, y las plazas con restos de un macrobotellón. Según informe del Defensor del Pueblo el 30% de los alumnos sufre algún tipo de violencia y casi un 4% es agredido físicamente, aunque una parte importante de la violencia es silenciada.
Por tanto es preciso desenmascarar la ceremonia de la confusión porque los millones de padres y profesores, los miles de centros de iniciativa social, y una buena parte de la comunidad educativa no rechazan la educación en los valores democráticos y en las virtudes de convivencia, todo lo contrario, pero sí que el Estado imponga una asignatura obligatoria con sobredosis de ideología partidista.
Hasta ahora hubo acuerdo sobre la enseñanza de la ética porque se hacía desde un planteamiento filosófico amplio enraizado en la tradición occidental que ha contribuido a la buena formación teórica y práctica para el ejercicio responsable de la libertad y en las virtudes necesarias para la convivencia.
Pero ante las nuevas dificultades y el pluralismo cultural no se trata de implantar una asignatura obligatoria que choca con las convicciones de muchos padres y alumnos, porque está imbuida de una ideología relativista que perjudica el desarrollo intelectual (no hay verdades objetivas que valga la pena buscar y adherirse a ellas) y practica el dirigismo sutil de las conciencias de los más jóvenes (sosteniendo una idea intranscendente del hombre y una libertad desvinculada de su fundamento en la verdad) [1].
El Estado no es educador moral
Los padres y profesores intentamos educar personas en vez de vándalos consentidos, y pedimos que se fomente, no sólo se tolere, la religión y se enseñe el contenido de la Constitución, también los artículos que hablan de la igualdad: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» (Art. 14), y no se daría si los alumnos que rechacen esa nueva asignatura son penalizados en su expediente académico, porque se conculca su derecho y se invade su conciencia.
También esa Educación para la ciudadanía choca con el Artículo 16 que dice: «1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».
Además es clave el Artículo 21 de la Constitución cuando dice: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», lo cual parece choca frontalmente con una materia obligatoria que intenta forjar las convicciones de los alumnos en cuestiones como el matrimonio, la familia, o la educación sexual, temas todos ellos de gran trascendencia en la educación, proponiendo unos programas con otros tipos de familia alternativos, nuevas experiencias afectivas y emocionales, y orientaciones sexuales sesgadas.
A esto hay que añadir que la LOE plantea dificultades para la correcta comprensión de la persona humana por presentar una visión reductiva que minimiza la dimensión trascendente y espiritual del hombre, manteniendo una relativismo moral y religioso que resulta desconcertante y poco puede ayudar a la educación integral de los jóvenes, tal como establece la misma Constitución: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» (Art. 27, 2).
Las autoridades eclesiásticas han manifestado también las graves carencias que ven en esta nueva ley por su concepción reductiva de la persona humana cerrada a la trascendencia y por el relativismo acerca de la verdad instalado en la médula de esa Ley, que hace prácticamente inviable la educación en el bien y en la cultura del esfuerzo hacia todo lo que es valioso.
Si no se transmite la verdad sobre la dignidad de toda persona, sobre el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, sobre el sentido de la sexualidad y sobre la naturaleza del matrimonio, o sobre la ley natural que es la más democrática que debe estar en la base de toda ley positiva, entonces no será posible la buena educación y se podrá evitar la desestructuración vital de los más jóvenes ni la violencia. Concretamente, la nueva asignatura obligatoria titulada Educación para la ciudadanía recoge los fallos de la LOE y los aumenta al recabar para sí el Estado la educación moral de los alumnos, en menoscabo de los padres y de la sociedad.
Riesgo de esquizofrenia moral
Si el Estado se dedica a la educación moral en vez de garantizar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, abandona su necesaria neutralidad con el riesgo real de imponer una determinada ideología.
En el caso de la Educación para la ciudadanía se trata del relativismo moral y religioso, con ribetes de laicismo, como los ciudadanos hemos podido comprobar al recibir en los últimos años una batería de leyes contra el matrimonio, al introducir el divorcio exprés o imponer el matrimonio entre personas homosexuales; contra la familia con la adopción por parte de esas parejas, negando de hecho la paridad y complementariedad entre varón y mujer en el ámbito donde es más necesaria; contra la dignidad de la persona con la Ley de Investigación Bioética que permite la fabricación y destrucción de embriones ignorando olímpicamente los resultados buenos y económicos con las células madres adultas, o con la ideología de género, según la cual la sexualidad no sería algo natural, sino elegido por cada uno a al carta.
Esta ideología radical choca con la educación moral que la mayoría de padres quiere para sus hijos, contribuyendo así a una esquizofrenia moral, cuando estos reciban en la escuela unos planteamientos contrarios a lo que desean sus padres y al ideario de los centros educativos.
En definitiva, los padres y la comunidad educativa libre pedimos que los alumnos aprendan desde niños, en teoría y práctica, que todo derecho comporte un deber, que han de ser solidarios con el prójimo, y que nada bueno van a conseguir con la violencia, pero parece que para eso haría falta enfocar de otra manera la LOE.
Aunque haya un rechazo amplio de esta mala ley y de esa asignatura obligatoria no estamos contra una materia que trate de educar ciudadanos responsables y libres, que conozcan sus derechos y cumplan bien sus deberes, que estudien los fundamentos del sistema democrático de libertades, el contenido de los derechos humanos, los derechos de la familia, las instituciones del Estado de derecho y la verdadera división de poderes, el sentido y funcionamientos de las principales organizaciones internacionales como la Comunidad Europea o la ONU, etc.
A la luz de esto se entiende que la Conferencia Episcopal Española haya dicho que esa concreta Educación para la ciudadanía es una «lesión grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos», recordando que el Estado no puede suplantar a al sociedad como educador de la conciencia moral[2].
Por eso el Ministerio de Educación no puede imponer una determinada ideología estatal con la dudosa Educación para la ciudadanía, que poco tiene que ver con la educación de unos ciudadanos libres y responsables. Si fuera una materia de libre elección y no entrara en las conductas personales no implicadas directamente en la convivencia democrática, entonces se podría aceptar, pero se trataría ya de otro proyecto y de una ley abierta al consenso de los padres y de la comunidad educativa.
Jesús Ortiz
Doctor en Pedagogía
[1] «Por otro lado, los centros educativos del Estado, perdiendo su obligada neutralidad ideológica, impondrán a quienes han optado por la religión y moral católica otra formación moral no elegida por ellos, sin que éstos puedan gozar de la protección que el carácter propio otorga a quienes estudian en centros de iniciativa social católica. En los centros estatales estudian la mayor parte de los hijos de padres católicos. En cualquier caso, todos los alumnos, católicos o no, quedan afectados en sus derechos, ya que a ninguno se le puede imponer una formación moral no elegida por él o por sus padres: "ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra" (Declaración de 28 febrero)». (n. 12). C.E.E., Nueva declaración sobre la ley orgánica de educación (LOE) y sus desarrollos: profesores de religión y "ciudadanía". 21-VI-2007.
[2] «el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho. Hablamos de esta "Educación para la ciudadanía". Otra diferente, que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable» (n. 11). Ibidem.
Jesús Ortiz
Arvo.net,16.02.2010
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