La vida gana terreno a la muerte

Artículo de Salvador Bernal sobre la pena de muerte

El pasado día 24 encendí el televisor cuando José Luis R. Zapatero decía unas palabras bellísimas sobre el derecho a la vida. Proteger al ser humano es exigencia fundamental de su dignidad, que alcanza hasta el último instante de su existencia. Nadie tiene derecho a disponer de la vida de nadie.

Se entendía bien, pues el presidente del gobierno hablaba en la sede de la ONU en Ginebra, capital diplomática de los derechos humanos, donde se inauguraba el IV Congreso Internacional contra la Pena de Muerte, promovido por la asociación francesa Ensemble contre la peine de mort (ECPM).

Una vez más, las palabras del jefe de gobierno parecían conseguir la cuadratura del círculo, pues ese día el Senado español acababa de aprobar una nueva ley del aborto, en la que el nasciturus deja de ser alguien, para ser algo, mero nasciturum o moriturum. El ordenamiento rompe una tradición jurídica que, a lo que se me alcanza, arranca al menos del Código de Hammurabi, promulgado el año 1760 a.C.

De todos modos, bienvenidas sean las palabras de Zapatero contra la pena de muerte, válidas también —habrá que recordarlas en su momento contra quienes intentan introducir el derecho a morir en nombre de una muerte digna. En el caso de la pena capital, alegra ver que el secretario general del PSOE va de la mano de la comunidad de san Egidio, gran instrumento cristiano de paz en el mundo, y no de los islamistas que cada vez abusan más de las ejecuciones en Irán e Irak, en Pakistán o Indonesia.

Ojalá la alianza de las civilizaciones contribuya a erradicar la pena de muerte en el mundo. Pues el abolicionismo occidental —como se recordará, es un requisito para ingresar en el Consejo de Europa, más amplio que la UE, se da de bruces con el “retencionismo” que se aplica sobre todo en Asia: China y especialmente países musulmanes.

La asamblea general de la ONU —si no recuerdo mal, a propuesta de Italia aprobó una resolución por la moratoria universal de la pena de muerte el 18 de diciembre de 2007. Actualmente, de los 197 Estados representados en Nueva York, 58 siguen aplicando la pena capital: son los “retencionistas”, frente a los mayoritarios “abolicionistas”, que han crecido de modo impresionante en las últimas décadas.

A la cabeza de la retención está Asia y, sobre todo, China. Entre Irak, Irán, Arabia Saudita y Pakistán alcanzan el 93% de las ejecuciones anuales. Pero la evolución es favorable para la dignidad humana, pues se ha creado ya una Anti-Death Penalty Asia Network; Filipinas y Mongolia han entrado en vía abolicionista; en Taiwán no ha habido ejecuciones los últimos años; como tampoco en Japón en 2009. Y prosiguen los debates en la India y en Pakistán, con 7.000 sentencias capitales suspendidas.

En cambio, aunque la cifra es alta, las ejecuciones descienden en Estados Unidos: primero, gracias a la moratoria de hecho determinada por la suspensión cautelar del Tribunal Supremo, mientras dilucidaba la constitucionalidad de las inyecciones letales; luego, como consecuencia de los excesivos costes económicos que supone para los 37 Estados que la restablecieron, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 1976.

Además, recientemente la han suprimido New Jersey y Nuevo México. Por otra parte, la sociedad es cada vez más sensible al riesgo de ejecutar a inocentes. Hace poco recuperaba la libertad un ciudadano inocente que había vivido en los corredores de la muerte de Carolina del Norte la friolera de seis mil ciento cuarenta y nueve días, según sintetizaba en Le Monde, 25.2.2010, Mario Marazziti, portavoz de San Egidio, y coordinador de la campaña por la moratoria universal.

Lo importante es que, desde el comienzo de los setenta, se detecta un serio cambio de opinión. No puede olvidarse que, por siglos, la pena de muerte se aceptaba pacíficamente por grandes pensadores como Aristóteles, san Agustín, Kant o Hegel. Se admitía, incluso, aunque para supuestos de extrema gravedad, en la primera redacción del actual Catecismo de la Iglesia Católica, luego revisada a la luz de la Encíclica Evangelium vitae de Juan Pablo II.

El portavoz de san Egidio se contentaría con que en otoño, Estados Unidos, Japón y la India se abstuvieran ante la próxima resolución de la ONU, y aumentase el número de países que votasen a favor.