Furor legislativo voluntarista

   Interesante análisis el del Dr. Bernal sobre el actual chaparrón legislativo 

   Pensaba que era sólo un problema español, agudizado en las últimas legislaturas. Pero un “billete” agudo e irónico de Robert Solé, en Le Monde del pasado día 17, me hace caer en la cuenta de que es una epidemia de la llamada civilización jurídica continental.
 

   Se legisla demasiado y bastante mal. Casi todos los años hay que reformar las disposiciones de la temporada anterior, porque no se tuvieron en cuenta los efectos “perversos” de lo regulado. En vez de tachar, que sería más lógico, se amplían los textos y, por tanto, la capacidad de distorsión. Y, poco a poco, parece que el único campo jurídico es el administrativo, donde no prevalece la racionalidad, sino la voluntad de poder, cuando no los hábitos de probos funcionarios.
 

   Afortunadamente, hay leyes que no se aplican porque exigen reglamentos de aplicación complejos que lleva su tiempo elaborarlos. Basta pensar en la lentitud de la “transposición” de tantas directivas europeas.
 

   Ora fuente de la ineficacia jurídica es la sobrecarga judicial. Apenas crece el número de jueces ni los recursos humanos y materiales de las oficinas judiciales, pero cada vez son más los asuntos penalizados de los que debería entender la magistratura (bloqueada ya por el aumento de la conflictividad propia de tiempos de crisis económica).
 

Pero, como dice Solé, hemos llegado a un auténtico “frenesí de textos”, que inunda la sociedad con oleadas normativas. Menciona un informe del Senado francés, según el cual los funcionarios locales estarían sujetos a unas... 400.000 prescripciones técnicas. De las basuras a las cantinas escolares, ningún campo queda exento. "Para cada cuestión, para cada eventualidad, para cada duda, la respuesta es la misma: legislar o reglamentar", comprueba la delegación del Senado para colectividades territoriales.
 

   El periodista francés recuerda un viejo criterio de Montesquieu: “las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias”. Y menciona ejemplos grotescos de la patología de la inutilidad que se genera: por ejemplo, un municipio que quiere reparar un puente sobre un río seco se ve obligado a instalar una barca por si algún trabajador se cae al agua.
 

   No podemos olvidar que, en Francia, como en España, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Pero, evidentemente, nadie puede conocer los miles y miles de textos legales y decretos de aplicación que se publican al cabo del año en el BOE, ahora sólo en formato digital. La última vez que lo comprobé fue hace tres años: había batido otro récord en 2007: 69.630 páginas en sus fascículos ordinarios, excluidos los frecuentes, variados y a veces voluminosos suplementos. Al leer el número de páginas al final de año, se espera siempre que el avance del Estado de las autonomías haya reducido el peso burocrático central. Pero no es así, también porque el PSOE es más intervencionista que el PP, aunque éste tenía su marca en las 65.147 páginas de 1998. La obesidad del BOE, aun digital, debería preocupar más que otras gorduras. Y luego están las comunidades que, según un titular del ABC de hoy, aprueban seis leyes a la semana.  

   En esa línea se inscribe también el desbarajuste del derecho penal, en el que podemos vernos implicados sin querer, por el incremento continuo y la muy deficiente descripción de los tipos. Como ha escrito en Aceprensa Antonio del Moral, sobre la “huida al derecho penal”: el famoso “código penal de la democracia” de 1995 “ha sufrido en quince años ¡veintiocho reformas! Acaba de aparecer en el Boletín Oficial del Estado la última (afecta a puntos menores), apenas un mes después de que entrase en vigor la que ahora se comenta”.
 

   Da pena la escasa calidad lingüística y jurídica de los textos, teñidos de puro voluntarismo (es decir, mayoría de votos). La ley ya no es ordinatio rationis, sino impulso de poder. Se asombran de que normas introducidas por unanimidad –violencia de género  no sean eficaces: porque están insuficiente pensadas. Pero, ante el cataclismo que podría organizar la futura ley de igualdad, seguiré consolándome con el comentario de mi maestro Federico de Castro, quejoso ya al final de los años cincuenta de la inflación legislativa: la abundancia de las leyes se mitiga con su incumplimiento. Con buena conciencia, porque de tanto bodrio jurídico se puede decir con el clásico que non est lex, sed legis corruptio.

SALVADOR BERNAL
RELIGIÓN CONFIDENCIAL