Los eurodiputados apoyaban la defensa de los cristianos y la libertad religiosa en el mundo, y expresaban su profunda preocupación por el aumento de la intolerancia, la represión y los actos de violencia
La creciente inquietud de las cancillerías europeas sobre la violencia anticristiana en países como Egipto, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Chipre del Norte, Irán e Irak, llegó al Parlamento Europeo, que aprobó en enero, por una abrumadora mayoría, una resolución firmada por todos los grupos políticos. Los eurodiputados apoyaban la defensa de los cristianos y la libertad religiosa en el mundo, y expresaban su profunda preocupación por el aumento de la intolerancia, la represión y los actos de violencia.
La resolución pedía también al Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, que desarrollase con urgencia una estrategia que previera “un elenco de medidas contra los Estados que deliberadamente no protegen a las confesiones religiosas". Y que el nuevo servicio diplomático europeo, en su dirección de derechos humanos, dispusiera de "un sistema permanente de control de las restricciones gubernamentales y sociales a la libertad religiosa", para informar anualmente al Parlamento. Se trataría de elaborar algo semejante a la conocida blacklist, lista negra, de la Secretaría de Estado de EEUU.
Como señalaba el jefe del grupo popular, Mario Mauro, la decisión marcaba un hito histórico, pues no se limitaba a condenar un determinado suceso, sino que implicaba a la UE en el problema general en sí. «La Unión Europea —apostillaba— no debe sentir ningún embarazo por la necesidad de denunciar lo que sucede a los cristianos».
Me he referido en diversas ocasiones al avance de la repulsa en el mundo ante los ataques contra los cristianos en repúblicas islámicas. Promovió un primer manifiesto en noviembre del año pasado La Vie, un semanario del grupo Le Monde. Pedía la intervención del presidente Sarkozy. No le parecía justo que debieran abandonar los lugares donde vivieron sus ancestros. Entre los firmantes, el Ministro de Justicia de Mitterrand, Robert Badinter, artífice de la abolición de la pena de muerte, uno de los socialistas más coherentes que he conocido.
Luego, a raíz de la brutal violencia contra los cristianos de Egipto, fue ya el propio presidente francés, Nicolás Sarkozy, quien protestó del clamoroso silencio de la Unión Europea, haciendo propias las ideas del anterior manifiesto.
Y los ministros de Exteriores de Italia, Francia, Polonia y Hungría pidieron propuestas concretas, para ser adoptadas en la reunión ministerial de la UE del 31 de enero en Bruselas.
En esa reunión, Ashton presentó un texto ambiguo, demasiado genérico, que excluía la referencia expresa a los ataques sufridos por los cristianos, en contra de la línea seguida hasta ese momento.
Sorprendentemente, España, con Irlanda y Portugal, apoyó el texto que, a los representantes de Italia les parecía ridículo. A falta de unanimidad, quedó para futuras reuniones.
El argumento de evitar el “choque de civilizaciones” parece superfluo ya, cuando los propios musulmanes europeos “salen del armario” para protestar contra los fundamentalistas, que se apropian del Islam en términos abusivos con sus acciones terroristas contra inocentes.
Habrá que seguir debatiendo el problema del multiculturalismo, lanzado hace meses en Alemania, y recuperado ahora por Cameron. Acaba de afirmar con fuerza en Munich que “Europa debe despertarse” contra el extremismo islamista. No le han faltado críticas por mezclar el problema de la integración con la violencia terrorista, cuando a juicio del ex-ministro laborista, Jack Straw, la mayoría de los musulmanes británicos “suscriben los mismos valores” que el resto de la población, “incluido el rechazo al horror del terrorismo”.
Pero no parece lógico que España se alinee con Turquía, que se opuso a finales de enero en la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa a la defensa de los cristianos en Oriente Medio. La pasividad turca en materia de libertad religiosa no es buena carta de recomendación como “aliada de civilizaciones”. Muy al contrario, el Gobierno español deberá sopesar las proposiciones no de ley presentadas en el Congreso de los Diputados por CiU, PP y UPN, coincidentes en su contenido básico con las decisiones de los grandes foros europeos.
Salvador Bernal
ReligionConfidencial.com
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