La libertad, en peligro

Y es que la religión se ha convertido en un peligro para la sociedad; pero no todas las religiones, sino fundamentalmente la católica, es el verdadero objetivo de la política laicista del Gobierno. Para desactivarla, primero se trata de igualarla por abajo al resto de religiones -tengan o no presencia histórica en nuestro país-, e incluso a una federación de quienes hacen de su orientación sexual un modo de significarse. Así, la libertad religiosa que ha alcanzado Occidente durante siglos está en riesgo de desaparecer, a punto de ser sustituida por la dictadura parlamentaria, o la dictadura de grupos de presión, como el lobby gay, o el lobby abortista.

De este modo, quien piensa de manera distinta a estas corrientes de pensamiento es tachado inmediatamente de intolerante. La entrada en vigor de las nuevas iniciativas legislativas del Gobierno supondría, al fin y al cabo, la discriminación de los católicos y la suspensión de su derecho a la libertad de expresión. Uno de los últimos informes del Pew Forum on Religion and Public Life señala que alrededor del 70% de los habitantes del mundo está sometido hoy a fuertes restricciones de su libertad religiosa, y que las hostilidades sociales se producen, sobre todo, en países musulmanes o budistas. Sin embargo, el derecho de vivir la propia fe y la libertad para ejercer derechos democráticos legítimos, como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, o la libertad de enseñanza y de cátedra, se encuentran hoy amenazados en países occidentales que, como España, están abandonando su identidad para abrazar la dictadura de lo políticamente correcto.

El riesgo de decirse católico

El totalitarismo buenista, el del viento como dueño de la tierra, no es nada inocente: pretende imponer una auténtica moral de Estado -pasando por encima, paradójicamente, del debate sobre si este Estado es moral o no-. A la espera de la salida a la luz del proyecto de reforma de la Ley de libertad religiosa, que se prevé se convierta en una regulación del derecho a la libertad de conciencia, y que contemplará la desaparición de los signos religiosos en el espacio público, ya está anunciada la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en la cartera de proyectos del Gobierno para esta legislatura, justificada con el objetivo de «luchar contra la discriminación».

En principio, la ley nace con el propósito de impedir actitudes xenófobas y misóginas, pero aquí no se trata sólo de impedir conductas que atentan contra el derecho de una mujer a obtener un trabajo en igualdad de condiciones, o de proteger el derecho de los inmigrantes a un empleo y una vida dignos. Es en la lucha contra la llamada homofobia cuando la ley entra en las arenas movedizas de lo políticamente correcto y de la ideología de género. Así, en la desaparecida revista progay Zero, se pueden encontrar estas declaraciones del Presidente Rodríguez Zapatero: «No permitiré que se nieguen los derechos a ninguna familia -entendiendo familia como el resultado de las uniones gay-.

Impediremos que se dé un solo paso atrás en el terreno conquistado». Y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha manifestado que la Ley anunciada quiere «garantizar la igualdad eficaz y efectiva mediante el desarrollo de políticas no discriminatorias. España no puede quedarse atrás y debemos estar a la vanguardia, con participación democrática». Además, contempla la posibilidad de un elemento coercitivo para lograrlo: «Se trata de evitar conductas discriminatorias, con la puesta en marcha de políticas activas para perseguir esas conductas».

A la espera de conocer el borrador, no se sabe aún cuáles serán estas políticas activas, los instrumentos que contemplará la ley para que el Gobierno pueda imponer la ideología de género.

En principio, el borrador de la Ley estaba previsto que llegara al Consejo de Ministros el verano pasado, pero las resistencias que ha tenido la Ley del aborto han hecho que el Ejecutivo frenase su tramitación. Asimismo, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha adelantado que el Gobierno tiene, entre sus objetivos, para el semestre de presidencia española de la Unión Europea, el de dar un impulso a la directiva integral de igualdad de trato.

La versión oficial de la vida

Esta normativa antidiscriminación quiere garantizar niveles mínimos de igualdad de trato y protección a cuantas personas viven y trabajan en Europa, con independencia de aspectos tales como el origen racial o étnico, la religión o las convicciones, la discapacidad, la orientación sexual, la edad... En principio, suena muy bien. Sin embargo, los hechos destapan, en la sociedad y en las instituciones, la existencia de una resistencia tenaz ante actitudes que chocan de frente con la versión oficial. Uno de los últimos casos es el del juez don Francisco Serrano, quien ha denunciado las lagunas de la políticamente correcta Ley de Violencia de Género, al afirmar que está inspirada en «la dictadura del feminismo radical» y que encierra el peligro de denuncias falsas de maltrato, por parte de las mujeres, para obtener ventajas en los procesos de separación y divorcio. Su postura le ha valido críticas por parte de varias asociaciones de mujeres, como la de ser portavoz de los maltratadores y prevaricador.

No es el único caso de un juez que se ve discriminado, siendo acusado a su vez de discriminación. El juez Ferrín Calamita fue condenado a diez años de inhabilitación y una multa, por haber querido asegurar el interés superior de una niña, en un caso de adopción por parte de una mujer lesbiana. El juez dice que su delito consistió en «atreverme a indagar si esta adopción era beneficiosa o no para la menor», y considera que se ha convertido en «un delincuente para el Estado». El Tribunal Superior de Justicia de Murcia llegó a incluir en su sentencia el agravante de homofobia.

Hay más casos relacionados con este asunto: la jueza de Denia doña Laura Alabau rechazó participar en la celebración de bodas de homosexuales, y el Consejo General del Poder Judicial la trasladó a otro juzgado, en el que no tenía que asumir esta competencia; y el Juez de paz de Pinto, don Antonio Alonso, tuvo que renunciar a su cargo porque sus convicciones le impedían tramitar este tipo de uniones.

Pero hay más. Uno de los últimos episodios de discriminación contra aquellos que nadan contracorriente lo sufrieron los promotores de una carroza de la cabalgata de Reyes en Madrid. Su delito: era una carroza provida, vinculada a la plataforma Derecho a vivir. Una concejala socialista pidió al Alcalde su prohibición, ya que daba «cobertura a postulados que atentan contra las leyes españolas y contra los derechos de las mujeres». Curiosamente, no levantó la voz contra la discriminación que hay en España, desde hace décadas, con las sucesivas leyes que regulan el aborto: unos tienen derecho a vivir, y otros son discriminados y abortados antes de ver la luz.

Hacia el delito de opinión

El mayor de los riesgos que conlleva la tramitación de esta ley es la creación, de hecho, del llamado delito de opinión, la persecución por vía judicial de aquellas personas cuya voz es contraria a lo políticamente correcto y a las consignas del poder. Hay varias declaraciones en este sentido muy significativas, realizadas por miembros que ocupan un puesto significativo dentro del Partido Socialista.

Cuando monseñor Ricardo Blázquez declaró, en su día, que «el matrimonio es la unión indisoluble del hombre y la mujer», recogiendo con fidelidad la fe de la Iglesia, el entonces portavoz del PSOE, don Diego López Garrido, afirmó: «Es inaceptable que los obispos se manifiesten en contra de leyes de derechos civiles aprobadas por el Parlamento. Es inmoral, hipócrita y malintencionado». Y don José Blanco, entonces Vicesecretario General del PSOE, fue más allá, al asegurar que «lo que han dicho los representantes de la Conferencia Episcopal no se puede permitir».

Cuando el asunto que está sobre la mesa es el mal llamado matrimonio homosexual, o la posibilidad de que estas uniones puedan adoptar menores, se amenaza incluso con denuncias ante los tribunales. Cuando el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Martínez Camino, recordó que «el Catecismo de la Iglesia católica dice que la homosexualidad es una inclinación objetivamente desordenada», hubo quien pidió, en prensa, que su declaración era «procesable de oficio», e incluso el propietario de la cadena La Sexta y del diario Público afirmó: «Me dan ganas de llevarles ante los tribunales».

La libertad, perseguida

La nueva Ley del aborto contempla en sus primeros artículos la consagración de la ideología de género, la salud sexual y reproductiva, y la impone en los planes de estudio de colegios y universidades, cuestionando así la libertad de cátedra de profesores en las Facultades de Medicina; se pide también la creación de una lista negra con los nombres de todos aquellos médicos objetores a la realización del aborto. La Ley de libertad religiosa está prevista como un instrumento que regule la libertad de conciencia; y la Ley de Igualdad de Trato perseguirá las opiniones contrarias a la corriente ideológica mayoritaria...

En España, los que piensan de manera diferente están empezando a ser mal vistos. ¿Estamos avanzando hacia el pensamiento único? ¿Se está avanzando hacia una especie de delito de opinión, en el que incurrirían aquellos que se atreven a opinar de manera diferente? ¿Quedará la conciencia individual sometida a las fronteras del pensamiento, imposibilitada, por una legislación cada vez más asfixiante, a manifestar públicamente sus convicciones? Está en juego la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la libertad religiosa... Todo ello deja fuera del juego democrático a muchas personas, sobre todo a los creyentes, quienes han presentado en los últimos años mayor resistencia al proceso de ingeniería social impulsado por el Gobierno.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Alfa y Omega